Sigue la descripción de otro ataque policial contra migrantes en las afueras de la Facultad de Derecho (Nomiki), en el centro de Atenas. El dogma de «Atenas limpia» se implementa a base de palizas, amenazas con armas de fuego y persecuciones judiciales; el neonazismo institucionalizado llama a nuestra puerta.
El lunes 30 de abril por la tarde, un migrante senegalés estaba sentado tranquilamente en la puerta de la Facultad de Derecho, en la calle peatonal de Massalia, esperando por un amigo suyo. No estaba vendiendo ninguna mercancía y llevaba con él sus papeles legales. Era, por lo tanto, perfectamente «legal». De repente, una docena de matones policiales uniformados llegaron y empezaron a golpearle brutalmente: patadas y puñetazos en la cara, en las manos, en los pies. Los golpes de los matones y los gritos del hombre alertaron a algunxs estudiantes que se encontraban dentro de la facultad, que se acercaron para ayudarle. Lo que sigue es la pesadilla del migrante.
Uno de los matones policiales sacó su arma de fuego y apuntó al migrante a la cabeza y, una vez que vio a lxs estudiantess acercándose, lxs apuntó también a ellxs. Al ver la pistola, lxs estudiantes retrocedieron y el migrante fue capturado por los humanoides. Fue trasladado a la comisaría de policía y allí presentaron contra él cargos por dos delitos graves y una falta:
– Intento de robo: Para encubrir su amenaza armada contra las vidas de lxs civiles, los maderos contaron una historia falsa en la que el migrante habría intentado robarles el arma…
– Daños físicos
– Resistencia a una persona (agente de policía), la cual se encontró en grave peligro personal
Además, lo más pasmoso es que se le acusa bajo la «ley de la capucha», así que todos los cargos recibirán el agravante relativo.
El jueves, 3 de mayo, el migrante se enfrenta al fiscal del Estado, que decidirá si pasará o no a prisión preventiva. Hay una convocatoria para una concentración solidaria en los tribunales de Evelpidon a las 11:00 horas.
Nada quedará sin respuesta…
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Nota de la traducción: La ley de la capucha o «koukoulonomos» (por «koukoula», la «capucha») es una ley votada por el Parlamento griego en 2009, para utilizar como agravante en los delitos cometidos por personas que «se cubran o alteren las características faciales». Su intención inicial era tratar de frenar el aumento de manifestaciones anarquistas y militantes, de hecho, salió pocas semanas después de Diciembre de 2008. Desde entonces, se ha utilizado únicamente contra gente detenida en manifestaciones, para convertir faltas ridículas, tras las que lxs acusadxs saldrían bajo fianza o en libertad condicional, en delitos graves, dando lugar a cargos de prisión de larga duración.