La madrugada del domingo, 13 de enero, atacamos un jeep del Servicio de Asuntos Políticos, que forma parte del Departamento de Inteligencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia en la provincia de Tracia. No nos engañemos: el Ministerio de Asuntos Exteriores ha demostrado aquí, en Tracia, cuál es la función exacta que desempeña en esta zona desde hace décadas. Solo para recordar algunos ejemplos: en los años ’60, el Servicio de Asuntos Políticos, bajo el mando del Estado griego, tenía jurisdicción total e independencia en la administración de la minoría (musulmana) de Tracia. Desde entonces, y hasta 1995, agentes secretos, alcaldes y prefectos fueron quienes decidieron excluir a la etnia de lxs Pomacxs en las montañas que rodean la ciudad de Xanthi, colocando barreras y desplegando tropas para vigilar las entradas y salidas de la zona. Fueron quienes mandaron reiteradamente al ejército a realizar inspecciones sanitarias a la minoría. Lo sabemos muy bien; la gestión de una población minoritaria se realiza con el fin de hacer cumplir lo mejor posible las condiciones establecidas por los Estados en el juego de los antagonismos interestatales. Los jefes del Estado griego asignan la elaboración de la estrategia nacional de la política exterior al Ministerio de Asuntos Exteriores, el mismo que también defiende los intereses del capital griego en el extranjero.
Ahora, recordemos la facilidad con la que el capital griego se expandió por los Balcanes en los años ’90, participando en dos guerras (la guerra Serbo-Bosnia, el colapso de Yugoslavia). Habiendo construido el consenso nacional necesario (marchas por Macedonia), el Estado griego participó en ambas guerras, negociando en sus propios términos para compartir el pastel después de la guerra. Es así como se realizan las negociaciones con el Ministerio griego de Asuntos Exteriores; con fascistas y armas de fuego.
Por nuestra parte, consideramos búlgarx, turcx y a todx proletarix oprimidx, nuestrxs hermanos y hermanas, sin importar su origen étnico. Estamos agresiva y hostilmente en contra de cualquier unidad nacional y mecanismo estatal que busque salvaguardar las ganancias de los jefazos y sembrar el odio entre el proletariado multiétnico.
Por su parte, desde que el Estado puso en marcha su asalto frontal contra los estratos más bajos de la sociedad, así como sectores del movimiento radical, también invirtió su discurso público hasta llegar a la burla. Evidente es el ejemplo del cambio de nombre del Ministerio de Orden Público a Protección Ciudadana. Después de este curioso cambio de nombre, las fuerzas de seguridad estatales incrementaron cuantitativa y cualitativamente. Ahora atacan de la manera más brutal a cualquiera que alborote y se oponga a los planes de los jefazos.
Con este discurso público intervenido, la escoria se atreve a hablar de ‘ilegalidad’. Hablan de ilegalidad mientras ridiculizan a la gente en los media sin ni siquiera esperar a su juicio (o sin tener, desde el principio, ninguna prueba incriminatoria en su contra). Hablan de ilegalidad a pesar de que han declarado la guerra contra la sociedad, obligando a tantxs proletarixs a ponerse en las colas de los comedores de beneficencia o a suicidarse. Hablan de ilegalidad mientras esconden fondos personales en bancos extranjeros, con la ayuda de sus propias leyes. Claro que si, para ellos, somos individuxs ilegales porque no reconocemos a nadie el derecho de decidir por ley sobre nuestras vidas. Somos individuxs ilegales porque hemos elegido mostrarnos hostiles contra el Estado, los planes del capital, los fascistas y sus lacayos. Somos individuxs ilegales porque hemos optado por tomar las riendas de nuestras propias vidas y luchar por nuestra dignidad en lugar de caminar con nuestras cabezas inclinadas.
Solidaridad con lxs procesadxs de la okupa Villa Amalias, la okupa Skaramaga y la 98FM «Radiozonas de Expresión Subversiva».
Solidaridad con lxs que luchan dentro y fuera de las prisiones.