El pasado viernes 7 de noviembre, alrededor de un centenar de personas concentró frente a la Suprema Corte de Justicia en repudio a la criminalización de la ocupación con fines de vivienda. Sigue la proclama leída durante el acto:
Llegamos esta tarde hasta aquí, a señalar este edificio, símbolo de la (in)justicia de esta democracia. A señalar este edificio y a quienes se esconden tras sus paredes, jueces que desde la comodidad de sus sillones, de sus suculentos sueldos y mansiones, son los encargados de ejecutar la ley. La LEY, esa ley que se engendra en el parlamento, donde los distintos partidos representan la farsa en la que descansa este sistema, en el cual, se nos dice, todos somos representados, todos somos iguales y todos participamos.
Pero la máscara de la democracia, pronto cae, cuando observamos cómo las leyes, sólo sirven para mantener los privilegios del poder económico, verdaderos dueños de la sociedad, a quienes los políticos sirven con solicitud. La ley 18116, conocida como ley de usurpación, que hoy se intenta aplicar contra casi una centena de familias de Cumbres de Neptunia, pero también en Marindia, Solymar, Barrio Los Eucaliptus (Maldonado), etc., es un ejemplo de esto. Craneada por dos diputados blancos del departamento de Maldonado, a instancias de los grandes propietarios y negociantes inmobiliarios de Punta del Este y votada en el parlamento por todos los partidos, fue diseñada para servir de amenaza a aquellos pobres que precisando un lugar donde vivir, osan armarse un rancho cerca de los ricos. Ya que todos sabemos los pobres son muy buenos limpiando casas y levantando paredes, pero no como vecinos.
Esta ley que nos acusa de usurpadores, es el arma que los ricos han puesto en manos del juez de Atlántida, Seijas, para que use contra gente que con la mejor intención, han construido sus casas, en solidaridad y sin pedir nada a los de arriba, en tierras que permanecían sin cercar y sin tener «dueño» que las reclame. Este ataque no sólo ha sido judicial, también ha sido mediático y policial, se ha intentado estigmatizarnos, y desde el gobierno municipal de Canelones, también se han recibido acusaciones. Las denuncias usan datos recabados por la policía comunitaria, engañosamente, y la violencia en los momentos de llevar vecinos a declarar, ha alcanzado niveles de tortura. No nos sorprendemos, este sistema se sostiene en la violencia de los de arriba, y cuando se nos amenaza con la cárcel por ser ocupantes no es otra cosa que violencia lo que se usa contra nosotros.
Así que, Juez Seijas, Suprema Corte de (in)Justicia, acá estamos, dispuestos a expresar la solidaridad, cuando sea necesario y de la manera que sea necesario. Aunque se esfuercen desde todos los ámbitos del poder en hacernos invisibles y desechables. No todos los marginados hemos agachado la cabeza, ni estamos dispuestos a dejarnos echar de nuestros hogares. Los ricos tienen sus armas, nosotros tenemos las nuestras.
NI UN DESALOJO, SOLIDARIDAD ACTIVA.
TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS!!!!!!!!
Coordinadora de Vecinos Contra los Desalojos