Justo después de la rebelión del diciembre de 2008, el Estado pretendió restablecer su prestigio herido y restaurar la tranquilidad social mortuoria, ante el miedo de nuevas rebeliones y agitaciones que pudieran estallar ante la inminente retención económica.
El Poder trató de reorganizar el sector del orden público, aumentando el número de maderos y creando nuevos cuerpos, como las unidades motorizadas DELTA y DIAS. Al mismo tiempo aumentó notablemente la presencia de la policía en los barrios. Convirtió el barrio de Exárjia en blanco, principalmente como área de «ilegalidad social»e impuso un régimen de ocupación policial de tipo militar. Simultáneamente procuró reforzar su arsenal legal a fin de controlar mejor el campo social, encargando mediante el fiscal Sanidás investigaciones en centros sociales, locales y ocupaciones, o aplicando la «ley de la capucha» en las manifestaciones. Al mismo tiempo se inicia una continuada tentativa de eliminar el asilo universitario (con la salvaguardia policial de los Propileos de la Universidad de Atenas el diciembre de 2009, con constantes violaciones en Tesalónica y la ciudad universitaria de la Escuela Politécnica de Atenas).
Todas estas maniobras van echando los cimientos de la edificación del dogma de la ¨tolerancia cero¨, el cual es aplicado en las movilizaciones que pretenden romper con el beneplácito silencioso a la democracia. La Policía actúa de manera preventiva, deteniendo a manifestantes, invadiendo centros sociales libres (en Resalto en Atenas, en la ciudad de Ioannina), reprimiendo cruelmente las manifestaciones, que van adquiriendo rasgos luchadores (con detenciones, uso de sustancias químicas y duras palizas). Son indicativas las marchas en los barrios atenienses de Nicea y Byron contra los asesinatos del Estado de Mohamed Kamran Atif ( después de ser torturado en una comisaría) y de Nicolás Tonti (en la calle, disparado por maderos).
Esta política dura del Estado está reforzada por los medios de comunicación masiva, así como por otros aparatos de mediación como los partidos y los sindicatos), los cuales han asumido el papel de la desinformación y de la agresión ideológica contra los trabajadores. Un ejemplo ilustrativo es el intento de criminalización del movimiento anarquista, poniendo precio a la cabeza de varias personas, los guiones ficticios de relaciones suyas con «criminales de delitos penales», con grupos armados, etc.