Entiendo al Estado como un ente regulador de privilegios en intereses de una clase político-económica, un fiel siervo del capital tecno-industrial y de todas las formas de manipulación social que de esto se desprende, no es difícil comprender que se valga del castigo impuesto a todo individuo que se rebele ante sus leyes y normas de control, teniendo entre su amplio abanico de posibilidades una de sus tantas formas asquerosas: el sistema jurídico penitenciario.
Dicha institución tiene como principal característica el hacerse poseedora, cual si de un juego de azar se tratara, decidir sobre el futuro del procesado confinándolo a la brutalidad de la custodia policial y administrativa, implementando un perverso e insano trato de desgaste físico, moral y espiritual tanto de quien se ve implicado directamente, como de la familia, amigos y compañeros que le rodean.
Es entonces como hacen del “delito” un fuerte instrumento para la continuación y realización de los planes de la dominación del poder, además de un jugoso negocio económico resultado de extorsiones administrativas, entre las que destaca el pago de fianzas, multas, sobornos y demás barbaridades, además de, al menos en las prisiones latinoamericanas, el auto-sustento monetario del preso.
En este último punto es notable destacar la gran mentira de que es el propio Estado quien sustenta la estadía de la persona en cautiverio, pues cuando “oficialmente” se destina un promedio de $150 pesos por individuo, la realidad demuestra otra cosa.
Sobre el “delito” a juzgar, resulta bastante hipotético darle credibilidad pues recordemos que son las mismas instituciones y su gente de gobierno – quienes están viviendo una realidad muy diferente a quienes no gozan de los privilegios de las cúpulas del poder- los que hacen y deshacen las leyes mediante políticas democráticas y reformistas; lo que nos lleva a cuestionarnos el por qué deberíamos sujetarnos a decisiones de lo que ellos entienden por delito y cómo corregirlo, y que sea la misma sociedad quien reproduzca entendimiento. No podríamos hablar de gente del pueblo dentro de la legislación, pues esto sería repetir el mismo modelo que se busca destruir.
Es así como jueces, magistrados y tribunales se encargan de ejecutar severas sentencias, y si la ley no les alcanza de aportar con su criterio sancionador, el cual al parecer se basa en disfrutar el regalar años de encierro y depositar en su cesto de basura enrejada todo aquello que no encaje con la idea de una sociedad capitalista.
Los ácratas no nos quejamos de jueces injustos, ni apostamos a que juzguen justamente, pues sabemos que no pueden haber justicia donde solo se pretende imponer un aberrante orden democrático instaurado en estructuras de control disfrazado de reinserción social.
Es por eso que no imploramos justicia en las sentencias ni les mendigamos piedad para nuestros presos, solo exigimos la inmediata libertad física de fin al secuestro, no aceptando la legalidad de sus montones de leyes y rechazando así la argumentación de inocencia o culpabilidad, lo cual es muy diferente al hecho de asumir la responsabilidad en los actos quien así lo decida.
Pugnamos por la destrucción de las cárceles, pero esto no es suficiente con el simple deseo de derribar los muros físicos o sentir odio visceral en contra de las practicas propias del encierro, sino de iniciar desprendiéndonos totalmente de la propaganda estatal que hemos venido mamando desde pequeños por medio de instituciones civiles y educativas donde se inculca la normalización de la infracción y el castigo, siguiendo con la ruptura y la paulatina destrucción en nuestras cabezas, y en nuestras formas de relaciones existentes con las personas y entorno de imposición.
Por ejemplo, debemos dejar atrás el lenguaje jurídico, así como su practica, como cuando condenamos los actos de compañeros que deciden pasar a la acción pero no nos sentimos identificados con sus métodos o reivindicaciones convirtiéndonos así en nuestros propios jueces y verdugos, facilitando la recuperación de la lucha, pues no es lo mismo una crítica al poder, que una critica constructiva al compañero, que una critica chismosa que solo dividirá y frenara el ímpetu libertario; o cuando pedimos la libertad para nuestros presos y cárcel para los “culpables” que irrumpen nuestra tranquilidad y espacios de lucha, cayendo así en una preocupante contradicción; así como el seguir con el afán de pedir justicia para la excarcelación y reconociendo, aunque quizás no de forma deliberada, que el sistema jurídico puede ser justo o injusto, otorgándole legitimidad con esto.
También, el seguir hablando de compañeros detenidos como “presos políticos”, lo cual suele utilizarse como algo privilegiado de diferenciarlos de los presos comunes, vieja practica rojilla, cuando la lucha anarquista ni es política ni busca sacar beneficios por mediación, acuerdo o petición, sino que es de ruptura con todo destello autoritario, y el hecho de ser procesados jurídicamente, no forzadamente requiere aceptar el mote de políticos, algo que buscamos destruir, por lo que preferimos optar por revindicarnos como presos anarquistas, solo como vía de seguir la lucha elegida al lado de cualquier individualidad en rebeldía, esto por afinidad.
Entonces, la libertad no se media, se construye.
Solidaridad con el compañero Abraham Cortés Ávila y todos los compañeros y compañeras presxs en la lucha a lo largo y ancho del planeta tierra.
Carlos López “Chivo”
Reclusorio Oriente, DF.