El siguiente texto del compa Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolucionaria, con fecha de publicación el 6 de noviembre del 2014, se dirigía a la entonces Asamblea Abierta de Anarquistas/Antiautoritarixs Contra las Condiciones de Detención Especiales, proponiendo su transformación en una Asamblea de Solidaridad Para Todxs lxs Presxs Políticxs y lxs Luchadorxs Encarceladxs. Al mismo tiempo, era una convocatoria abierta a todxs lxs compas del entorno anarquista/antiautoritario para participar y apoyar esta iniciativa. El texto se envió a todxs lxs presxs políticxs y luchadorxs encarceladxs. La traducción española fue realizada por Sin Banderas Ni Fronteras a partir del inglés y revisada y corregida a partir del original en griego por Contra Info:
Compañeras – compañeros, el presente texto que les dirijo concierne a las prisiones de tipo C, además de ser una propuesta para la transformación de esta asamblea en relación con la cuestión de la solidaridad.
Compañeras – compañeros, la legislación de las prisiones de tipo C es un desarrollo esperado en el ataque represivo del Estado contra las Organizaciones Revolucionarias armadas, contra la acción armada. Es la continuación de los cambios legislativos y reformas que comenzaron hace 14 años y están directamente vinculadas a las condiciones políticas y económicas impuestas desde hace años a nivel internacional, y que no son otras que la “guerra contra el terrorismo” y las reformas neoliberales destinadas a imponer la dictadura de los mercados, la dictadura del capital supranacional.
Como Lucha Revolucionaria, desde el inicio de nuestra acción en 2003, creo que hemos analizado de manera correcta las condiciones políticas y económicas de principios de la década pasada, cuando comenzamos nuestra acción, condiciones relativas a la globalización del sistema capitalista. Tanto la “guerra contra el terrorismo”, lanzada en 2001, tras los ataques contra los Estados Unidos, como las reformas neoliberales que se llevaban a cabo buscando la dictadura del capital transnacional, no son otra cosa que el carácter político-militar y económico, respetivamente, de la globalización. El sistema, pues, con el fin de imponer la dictadura de los mercados procede a medidas de represión cada vez más duras y tiende cada vez más al totalitarismo.
Durante el mismo periodo en Grecia, se realiza la apertura de la economía griega al capital supranacional, después del llamado escándalo de la Bolsa del 1999, con la integración del país en la Unión Económica y Monetaria (UEM) y en la zona Euro en 2002. Por lo tanto, no es casualidad que en el mismo período, incluso con un retraso en relación con la Europa occidental y los EE.UU., el Estado griego procedió a legislar la primera ley antiterrorista en 2001, ley elaborada por el entonces ministro de justicia Stathopoulos. Esta ley fue votada tras la presión de los EE.UU. y Gran Bretaña, y apuntó a miembros de las organizaciones armadas revolucionarias y más específicamente de 17 Noviembre (17N), que era la única organización guerrillera activa en ese momento. Esta ley fue nombrada como “ley contra el crimen organizado”, y se hizo con el propósito evidente de servir a la táctica del Estado, tratando de deconstruir las características políticas de las Organizaciones Revolucionarias armadas, despolitizarlas y desideologizar su acción, y presentar a sus miembros como criminales comunes del código penal. En base a esta ley se juzgó a los acusados por el caso de 17 Noviembre y de Lucha Popular Revolucionaria (ELA por sus siglas en griego) en 2003 y 2004, respectivamente.
Sin embargo, a pesar del hecho de que esta ley apuntaba a lxs miembros de las Organizaciones Revolucionarias armadas, el Estado ahora la utiliza para el endurecimiento más amplio de la represión penal en lo que concierne a los delincuentes comunes, a quienes condenan con el agravante de «participación en organización criminal», poniendo casi en desuso el artículo del delito menor de «formación y participación en banda». Y esto tuvo como resultado el aumento de las penas en general. Pero no hay que confundir causa y efecto. La ley de Stathopoulos, la primera ley antiterrorista, se hizo principalmente para lxs miembros de las Organizaciones Revolucionarias armadas, pero el resultado ha sido la generalización de su aplicación para los casos de delincuencia organizada.
Tres años después, en 2004, la ley del ministro Papaligouras, durante el gobierno de Karamanlis y Nueva Democracia, la segunda ley antiterrorista, viene para aclarar las cosas, puesto que habla de “la formación de organización terrorista” y “actos terroristas”, que “de cierta manera y bajo ciertas circunstancias, es posible que dañen al país y destruyan las estructuras políticas y económicas fundamentales constitucionales del país”. A pesar del hecho de que el sistema no reconoce enemigxs políticxs, la ley de Papaligouras reconoce la existencia y la actividad de organizaciones armadas que amenazan las estructuras constitucionales, políticas y económicas fundamentales, atribuyendo así en realidad características políticas a su acción. En la misma ley existe también el agravante de la “dirección de organización terrorista”, buscando por una parte aumentar la pena para lxs que se vieran acusadxs y condenadxs como directorxs o líderes de “organizaciones terroristas” y por otra parte buscando confirmar que no hay otra forma de organización social aparte de la organización jerárquica de la sociedad actual, donde dominan el Capital y el Estado. En base a la ley de Papaligouras, que también fue votada bajo la presión de Estados Unidos en vísperas de los Juegos Olímpicos de 2004, se llevan a cabo todos los juicios de Organizaciones Revolucionarias armadas, tanto de Lucha Revolucionaria, como de la Conspiración de Células del Fuego.
La legislación, pues, para las prisiones de tipo C, es la continuación lógica y la consecuencia de las dos leyes antiterroristas de 2001 y 2004, además de la ley del 2003 que establece la cooperación internacional a nivel policial y judicial en el ámbito del combate a la acción armada revolucionaria entre Grecia, la Unión Europea y los EE.UU. Esta ley viene a llenar un vacío en la política represiva griega y alinearla con la de la Unión Europea y los EE.UU, puesto que en Europa y los EE.UU., junto a las leyes antiterroristas existentes a partir de los años 70 y 80, cuando muchos países se enfrentaron a problemas graves debido a la acción de Organizaciones Revolucionarias armadas, existen también las prisiones con regímenes de detención especiales para lxs miembros de estas organizaciones.
Lo mismo sucedió en Turquía a principios de la década del 2000, cuando se construyeron las prisiones de tipo F, sobre todo para los miembros de las Organizaciones Revolucionarias de izquierda que llevan a cabo la lucha armada, y todxs recuerdan la lucha de lxs miembros presxs de esas organizaciones, que realizaban huelgas de hambre hasta la muerte, o se quemaban a lo bonzo para evitar su traslado a las prisiones de tipo F.
El entorno anarquista/antiautoritario debe hacer lo obvio y ver las cosas objetivamente. Las prisiones de tipo C son principalmente para los acusados por lucha armada, independientemente de si han asumido la responsabilidad política de su participación en las organizaciones a las que pertenecen, o si rechazan las acusaciones. Y esto no se anula por el hecho de que en esas prisiones se encarcelen también a otros presos penales de larga condena, que han sido condenados con la ley de “organización criminal”. Lo que se escribió en un texto de la Asamblea por las prisiones de tipo C acerca de la «construcción de culpables» no es nada certero. Que no busquen algunxs caza de brujas donde no hay. Los juicios que se llevan a cabo en contra de compas por participar en “organización terrorista”, por “actos terroristas” que podrían dañar las estructuras constitucionales, políticas y económicas fundamentales del país, son juicios que buscan la condena de Organizaciones Revolucionarias armadas específicas, y esto es independientemente de si en estos juicios hay también compas que rechazan los cargos. Ser anarquista no es un idiónimo, al menos por ahora. [idiónimo: referencia a ley del 1929, donde ser comunista se consideraba un delito per se, y que fue utilizada para mandar a miles de personas al exilio en islas griegas desiertas]
Pero tanto la legislación antiterrorista, como las prisiones en las que intentan aislarnos, dan una señal clara por parte del Estado al entorno anarquista/antiautoritario y a la sociedad. Quien elige la lucha armada como forma de acción tendrá un tratamiento penal predatorio si lo arrestan y lo encarcelarán bajo un régimen especial, como lo son las prisiones de tipo C, y eso acontece porque el Estado es consciente de la peligrosidad de la lucha armada, especialmente en las condiciones de crisis económica mundial que se ha desatado desde el 2008, donde el régimen, el sistema económico y político se ha deslegitimado, ha perdido el consenso social que disfrutaba antes de la crisis, y porque en estas condiciones la lucha armada es un factor desestabilizante y debilitante para el sistema. Y esto es algo que han confesado ejecutivos del régimen refiriéndose a Lucha Revolucionaria tanto en 2010, cuando fuimos arrestadxs por primera vez, como también con la reciente detención del anarquista Antonis Stamboulos, acusado de participación en Lucha Revolucionaria, donde el ministro de orden público Vassilis Kikilias conectó directamente la acción o la amenaza de ataques de la organización con la desestabilización del sistema en un período especialmente delicado para él.
La legislación de las prisiones de tipo C, como consecuencia y continuación del ataque represivo del Estado contra los luchadores que han optado por la lucha armada, tiene el objetivo de doblegar, a través del aislamiento, a los miembros de las Organizaciones Revolucionarias armadas y los acusados de participar en estas organizaciones, tiene el objetivo de degradarlos como sujetos políticos e incluso hacerles renunciar a la lucha armada.
Aunque en Grecia, a través de las recientes reformas sobre las prisiones de tipo C, los cambios en el código penal y en el procedimiento criminal respecto a la lucha armada, no hay artículos como en Italia, donde se pide la renuncia a la lucha armada junto con la facilitación de informaciones para que sea menos dura la situación para el preso, aquí esto será un objetivo perseguido de una manera más indirecta. La permanencia en las prisiones de tipo C más allá del mínimo de 4 años que determina la ley será para los no arrepentidos, puesto que el fiscal competente que determinará si se extenderá este período o no decidirá no solo en base a la gravedad de las acciones, sino también en base al carácter y la personalidad del preso. Es obvio, pues, que quien permanece no arrepentido y firme en las elecciones de lucha por las que se encuentra en prisión, será considerado peligroso para el orden y la seguridad pública y su permanencia en las prisiones de tipo C se prolongará por tiempo indefinido hasta el final de su condena.
La acción contra las prisiones de tipo C solo puede ser parte de la solidaridad con todos los presos políticos y luchadores encarcelados en las prisiones griegas que serán trasladados a las prisiones de tipo C. Y esto independientemente de la diversidad de los casos, o si los presos han tomado la responsabilidad política sobre su participación en las organizaciones a las que pertenecen o pertenecían, o si están acusados de participar en organizaciones de guerrilla y rechazan los cargos, o si son anarquistas acusados de expropiaciones bancarias.
Compañeras y compañeros, justo porque la acción contra las prisiones de tipo C no puede ser otra cosa que parte de la solidaridad con todxs los presxs políticxs y luchadorxs encarceladxs, propongo la transformación de la asamblea contra las prisiones de tipo C en una asamblea de solidaridad con todxs lxs presxs políticxs y luchadorxs encarceladxs, no solo con lxs condenadxs o acusadxs de participar en Organizaciones Revolucionarias, sino también con compañeras y compañeros que se enfrentan a la represión del Estado acusadxs por otras formas de lucha, como manifestaciones, ocupaciones o enfrentamientos callejeros con la policía.
Es contradictorio y paradójico que alguien se movilice contra las prisiones de tipo C y al mismo tiempo no se solidarice con los compañeros presos que serán trasladados a las prisiones de tipo C. Es un serio déficit político el que haya docenas de presxs políticxs y luchadorxs encarceladxs y no haya una asamblea de solidaridad con ellxs. La solidaridad es una posición y postura política. Es un elemento clave en toda movilización o entorno político que quiera tener características de movimiento. Solidaridad significa que lxs luchadorxs presxs y las formas de lucha que ellos eligieron y por las que se encuentran en prisión son parte de la lucha común, de la lucha por la Revolución, por la Anarquía y el Comunismo. Solidaridad significa que creemos que la lucha armada y la guerrilla son parte de la lucha y del movimiento por la Revolución Social. Por lo tanto, cualquiera que no esté de acuerdo con este principio, no puede ser solidarix, o fingir que es solidarix, con lxs compañerxs que están en prisión y defienden la acción armada como una opción de lucha.
Esto, claro está, no quiere decir que lxs solidarixs, el entorno o el movimiento no puedan hacer crítica sobre las posiciones, el discurso o las acciones de las Organizaciones Revolucionarias, siempre que esta crítica sea de buena fe con argumentos puramente políticos y no con calumnias, insultos y aforismos. Para que se demuestre, finalmente, que la postura que dice que “la solidaridad no equivale a identificación”, es sincera y no una excusa para aquellxs que no están de acuerdo y condenan la lucha armada y la guerrilla, pero sin tener el coraje político para decirlo abierta y públicamente, y que demuestran una «solidaridad» selectiva hacia quienes se declaran inocentes y rechazan los cargos, mientras que dan la espalda a lxs que defienden la lucha armada y asumen la responsabilidad política de su participación en las organizaciones a las que pertenecen.
La solidaridad no es selectiva, porque si lo es, entonces no es solidaridad. La solidaridad no tiene criterios personales, de amistad, de parientes o familiares. La solidaridad no es la distinción entre culpables e inocentes, ni la distinción entre casos de organizaciones e individuos. La solidaridad no hace distinciones entre presxs anarquistas y comunistas, ni tiene características nacionales. La solidaridad no es la separación de las formas de lucha, la promoción del binarismo “lucha de masas o lucha armada”, “legalidad o ilegalidad”, la separación entre la lucha armada y el movimiento, o la línea divisoria entre “la parte conflictiva pero no armada de la anarquía” y ”la parte anarquista armada”. Repito que la solidaridad solo tiene un criterio político, que lxs presxs y las formas de acción que eligieron, como la lucha armada, la guerrilla urbana y cualquier otro tipo de acción por la que se encuentran en prisión, son parte de la lucha común y del movimiento por el derrocamiento del Capital y el Estado, por la Revolución Social. Aquellxs para lxs que no vale este criterio son los chivatos y los denunciantes, como Tzortzatos, quien se chivó de sus compañeros en el caso de 17N, sin presión ni violencia ni tortura, y Giotopoulos, quien condenó la acción de 17N en los tribunales.
Propongo, pues, la transformación de la asamblea por las prisiones de tipo C en una asamblea de solidaridad por lxs presxs políticxs y lxs luchadorxs encarceladxs. No solo para lxs encarceladxs por la acción armada, sino también por cualquier otra forma de lucha. Es lógico que las acciones de solidaridad de esta asamblea incluyan en sus actividades las relacionadas con las prisiones de tipo C.
Es hora de que cada compa asuma sus responsabilidades y tome una posición clara y explícita sobre la cuestión de la solidaridad. Cualquier subterfugio demuestra que la solidaridad no es un arma, sino que es una palabra vacía de contenido. Un cadáver en la boca de muchos. Así que invito a todxs lxs compas dentro y fuera de la prisión a tomar una postura y posicionarse políticamente para que se abra un diálogo sobre la propuesta de creación de una asamblea de solidaridad.
Si el entorno anarquista/antiautoritario quiere olvidar a lxs presxs del Estado y, simplemente, dejarlxs que se pudran en la cárcel, entonces está olvidando la lucha misma.
Nikos Maziotis, miembro de Lucha Revolucionaria
Prisiones de Diavata