Comunicado de la red de contrainformación contrainfo.espiv.net en solidaridad con todos los políticamente perseguidos por el régimen de Chile, para la concentración del 24 de septiembre en Atenas, fuera de la embajada de Chile, en el marco de la jornada internacional de solidaridad con los presos en Chile.
El Estado de Chile en 2009 puso en marcha una gran operación de persecución, contra ocupantes e indígenas mapuche, con el fin de exterminarles. En ambos casos, en colaboración perfecta con la Justicia, el objetivo era el mismo. Cargos de terrorismo.
…el show “caso bombas”…
A la madrugada del 15 de agosto tuvo lugar una redada policial, increíblemente extensa e impresionante, en varias ciudades de Chile. Fuerzas policiales irrumpieron en ocupas, centros sociales y casas, deteniendo a muchas personas y destruyendo lo que encontraban a su paso.
El nuevo descubrimiento del Estado chileno se llama “caso bombas”. La nueva operación de la policía chilena estriba en la localización de la presa adecuada, con tal de acusarle de 23 atentados con uso de explosivos, ocurridos en la ciudad de Santiago. Siete luchadores anarquistas están encarcelados, sujetos a un aislamiento total en los calabozos de la democracia burguesa afrontados con cargos de delitos mayores, unas imputaciones falsificadas y testificaciones de “testigos” falsas.
La Prensa del país, desde hace unos meses ha estado preparando el terreno de estas detenciones, apuntando a unas personas y movimientos concretos. No nos olvidamos del caso del escritor y músico anarquista vasco Asel Luzarraga, quien fue acusado a principios de 2009 de ser autor de varios atentados con explosivos, fue condenado a arresto domiciliario y finalmente fue expulsado del Estado chileno. Su única relación con todo lo susodicho era su solidaridad públicamente declarada con el pueblo mapuche, principalmente a través de textos de apoyo a su causa.
…y la historia no termina aquí…
Lo que no lograron los Incas y los conquistadores españoles, lo han logrado el Estado chileno y la dictadura de Pinochet, digno continuador de la cual es la actual democracia burguesa. Represión, asesinatos, juicios con cargos falsificados, exclusión social, prohibición de uso de su propia lengua, destrucción de su organización social, etc. El pillaje de la tierra de los mapuche y su desplazamiento forzado de los territorios que poseen desde hace siglos, estriba en una estrategia más general del Estado de acabar con cualquier enemigo interno, para establecer el “consenso nacional” y aplicar el modelo occidental de “desarrollo” sin roces internos. Un papel importante en esta “liquidación” han asumido los medios de desinformación masivos, tanto con publicaciones difamatorias, como ocultando el papel sucio del Estado, de las empresas multinacionales de madera y metalúrgicas, las cuales han usurpado sus territorios tradicionales y los están devastando, causando un daño irreversible al ambiente medio natural, o el papel de grupos paraestatales, que reiteradas veces han atacado al pueblo mapuche, quemando territorios suyos. Un ejemplo característico del papel sucio de los medios de desinformación masivos constituye la ocultación del comunicado de solidaridad con el pueblo mapuche que editaron hace unos días los 33 mineros atrapados.
El pueblo indígena de mapuche está reclamando lo evidente. La devolución de sus tierras y el respecto al derecho de la autodeterminación. Los mapuche constituyen un movimiento de liberación nacional, el concepto primordial del cual sobre el Estado está desprendido de la típica bipolar confección occidental Estado Nación, puesto que su cosmovisión es próxima a la existencia de la existencia de la nación sin la del Estado. Esta cosmovisión y tradición social del pueblo, próxima a la consideración libertaria, ha creado durante los últimos años unos lazos de apoyo mutuo entre el pueblo mapuche y el movimiento anarquista de Chile. No cabe duda de que los mapuche están siendo criminalizados, procesados y condenados por lo que creen y no por lo que actúan.
Por más de 2 meses y medio, 35 presos mapuche están en huelga de hambre (casi todos condenados con la ley antiterrorista, que está aplicado a sus casos con una facilidad excesiva, aún en casos de protestas no violentas) reclamando el derecho evidente a la vida, a la conservación de su cultura, así como la suspensión de su persecución con la ley antiterrorista.
contrainfo.espiv.net