[Estado Italiano] Investigaciones por 270bis

Traducción recibida el 04/08/2023:

Otra investigación más por el 270 bis en Trentino: 12 medidas cautelares solicitadas (y no concedidas)

El pasado mes de abril, los fiscales Raimondi y Ognibene habían pedido 9 medidas cautelares en prisión y 3 prohibiciones de residencia en Trento y en Rovereto para otros tantos compañeros y compañeras. Desde el momento que el GIP ha rechazado las solicitudes, la Procura ha hecho recurso: de ahí la notificación a algunos investigados y investigadas de la audiencia de revisión, fijada para el 1 de agosto y pospuesta al 12 de septiembre por falta de notificación a los demás investigados. Esta enésima investigación por «asociación subversiva con fines terroristas» –llamada, por aquello que se entiende, «Diana»- ha sido abierta en el 2019, pero se inspira en un procedimiento por «apología del terrorismo» iniciado por la Fiscalía de Brescia (en merito a un texto salido en una publicación anarquista «Beznachalie») y pasado a la Fiscalía de Trento. La investigación de Trentino se ha extendido luego a rastras hasta el 2013, año en el cual ha salido el primer número de «Beznachalie».

Procediendo en una dirección que se parece cada vez más a aquella de las «leyes perversas» con las cuales a finales del Ochocientos el gobierno francés había declarado «malhechores» a los anarquistas en cuanto tales, esta nueva investigación mira ante todo a considerar la expresión de una «asociación terrorista» «la idealización, la predisposición, la redacción, la impresión y la difusión, también con herramientas informáticas y telemáticas, de las publicaciones denominadas «Beznachalie», » Los días y las noches», «Entre bastidores», así como de la pagina web www.ilrovescio.info ». Los «lugares de concertación del programa criminal, de recaudación y gestión de fondos, de apoyo logístico y de acogida de los asociados» serían los espacios anarquistas «El Tavan» en Trento y «La nave dei folli» en Rovereto, así como algunas casas particulares.

Los «delitos-finalidad» de tal «asociación» serían la falsificación de documentos para favorecer la «clandestinidad o sea el ocultamiento de los participantes», la realización de atentados, la organización de manifestaciones no autorizadas y violentas, la «imposición y difusión de las propias ideas políticas de desestabilización con violencia e intimidación incluso contra empresas privadas».

En el especifico, se trata de los documentos falsos por los cuales Agnese y Stecco han sido condenados a 2 años y Rupert a 1 año y 10 meses en el juicio «Renata»; de aquellos encontrados a Juan en ocasión de su detención (por lo cual Agnese ha sido condenada a 2 años en el primer grado de la «operación sin nombre»); del «apoyo operativo» a la clandestinidad de Juan (por lo cual Manu ha sido condenado a 10 meses tras más de un año detenido); de las acciones directas contra el tribunal de vigilancia de Trento (sucedida en el 2014 y por la cual Juan ha sido condenado a 3 años y 6 meses en el primer grado de la «operación sin nombre»), contra la sede de la Lega di Villorba (Treviso) del 2018 (por la cual Juan ha sido condenado a 28 años en primer grado y a 14 en segundo grado) y contra un tren Frecciargento en Bolzano en el 2015 (un intento de incendio que la fiscalía quisiera atribuir a un compañero en base a las trazas de ADN halladas en el artefacto incendiario, y por el cual se investiga por «acto con fines de terrorismo»); la manifestación del Brenner del 2016 contra las fronteras (por la cual, en dos troncones procesuales distintos, han sido repartidos en apelación más de 130 años de prisión); el intento de leer en una radio comercial un comunicado contra la masacre ocurrida en las prisiones en la primavera del 2020 (por el cual Massimo ha sido condenado a 1 año y 1 mes en el primer grado de la «operación sin nombre»); el intento de bloquear una triveladora del TAV en Trento en enero del 2022 (por el cual existe otro procedimiento penal en curso). Aparte del episodio del tren Frecciargento, por lo tanto, se trata de hechos que ya han sido objeto de otros juicios o procedimientos. La intención de la Fiscalía es aquella de reutilizar los mismos episodios para justificar ese 270 bis que siempre ha caído en investigaciones anteriores. Intención que alcanza los contornos de una verdadera y propia metafísica de la represión: los delitos-finalidades expresan y sustancian la asociación subversiva, la cual, sin embargo, en su dimensión «ontológica» (propio asi), prescinde de los singulares actos. Puro intelecto terroristico (por esto la centralidad de las publicaciones), el cual, aun cuando no se traduce en actos de subversión, de todas formas los instiga o les hace apología.

El aspecto más peligroso -además del ataque a las publicaciones en cuanto tales- es sin duda la definición de «terrorismo» utilizada por la DIGOS y FISCAL: «intimidar a la población y obligar a los poderes públicos a realizar o abstenerse de realizar un cualquier acto». Se trata del bien conocido art. 270 sexies, introducido por el «paquete Pisanu (ministro del interior con Berlusconi, ndt.)» en el 2005. Como ya se ha dicho una y otra vez, «intimidar a la población» es una actividad que caracteriza al Estado y no ciertamente a los anarquistas, mientras que «obligar a los poderes públicos a realizar o abstenerse de realizar un cualquier acto» es aquello que se prefija en toda lucha. ¿Parar el TAV no es igual obligar al gobierno y a RFI a abstenerse de realizar la obra? ¿Bloquear un puerto no es igual querer obligar al gobierno a retirar el pase verde o a no enviar armas a Ucrania? La eventual explosión de rabia social contra la abolición de la renta básica de ciudadania, ¿no tendría por objeto obligar al Gobierno a abstenerse de aplicar los procedimientos ya adoptados? ¿Y pretender que un compañero salga del 41 bis?

Aunque si esta definición de «terrorismo» implementa -con una formulación aún más genérica y más adaptable- una definición-marco adoptada en el contexto europeo, Italia es el único país en el cual esta viene sistemáticamente usada contra el movimiento anarquista (y no sólo, como veremos). La extensión cuantitativa y cualitativa de su uso es un claro indicador de aquello que ya no podemos ignorar: estamos en guerra.

A nivel general

Solo en los últimos dos meses ha habido notificaciones de investigaciones, incluso con registros y en ocasiones medidas cautelares, en Milán, Trieste, Bolonia, Potenza, Turín, Palermo y Perugia. Más allá de los individuales episodios contestados, es evidente que la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo esta haciendo el giro de las procuras con un mensaje explícito: «Quítenlos de en medio, con cualquier pretexto». Pero el salto cualitativo es igualmente evidente: para un compañero se ha solicitado la medida cautelar en la prisión por una intervención realizada durante una manifestacion contra el 41 bis en Turín; las investigaciones de Bolonia y Potenza dicen claro y preciso que la campaña en solidaridad con Alfredo es en sí misma «terrorista» en cuanto quiere obligar al Estado a realizar un acto que no quiere realizar: revocarle el 41 bis. Que tal intento venga persegido escribiendo en las paredes, pegando pancartas, dañando alguna multinacional, interrumpiendo una misa, subiéndose a una grúa, incendiando papeleras en medio a la calle o las furgonetas de una empresa involucrada en el negocio penitenciario es en fondo secundario. De hecho, recientemente se ha abierto una investigación en Perugia por «instigación a la violencia y apología del terrorismo» por una pancarta con una escrita en solidaridad a Alfredo y contra el 41 bis. La misma lógica viene aplicada mucho más allá del ámbito anarquista. De hecho, hace un par de semanas algunos militantes de «Antudo» han sido registrados y investigados por «apología del terrorismo» y por «acto con fines terroristas» por haber publicado en su pagina web un vídeo y un comunicado de reivindicación relativos a una acción contra Leonardo-Finmeccanica. ¿Golpear al mayor productor de armas italiano no significa igual querer obligar al Estado a abstenerse de continuar con sus políticas de guerra? ¿Y quien difunde las razones de tales prácticas de lucha no cumple, por eso mismo, apología del terrorismo? No sirve ciertamente un diseño para entender a dónde lleva una tal lógica inquisitorial.

Sobre el plano local

Se trata almenos de la quinta investigación por «asociación subversiva con fines terroristas» contra compañeras y compañeros en Trentino en menos de veinte años, hablando de aquellas que conocemos en cuanto notificadas a los investigados. Si a esto le sumamos el goteo de procesos y condenas por otros delitos, los compañeros en prisión, al arresto domiciliario o pájaros del bosque, las vigilancia especiales y el hecho de que algunos compañeros y compañeras pasan de una medida a otra sin solución de continuidad prácticamente desde el 2019, la operación «Diana» persigue y prosigue una estrategia específica: acabar con la presencia anarquista en Trentino, sus ideas, las luchas que expresa o de las cuales es parte, sus espacios, sus publicaciones. Y no nos parece una casualidad, por ejemplo, que mientras en Trento han comenzado tanto las obras por el TAV como los bloqueos y protestas, en una investigación por «terrorismo» venga introducida una iniciativa pública de contrasto a una triveladora y se vaya a recuperar, gracias al uso policial-judicial de la genética, el intento de incendio de un tren Frecciargento ocurrido el 25 de abril del 2015. (Visto que a DIGOS y FISCAL da tanto fastidio que se publiquen los comunicados de reivindicación, estas son las palabras difundidas en la época por los anónimos saboteadores: «En memoria de los sabotajes partisanos. Libertad para los compañeros en prisión. Ciao Guccio. No siempre la fortuna favorecer a los audaces»). Entre otras cosas, el primer intento (fallido) de aplicar el 270 sexies ha sido aquello de la Procura de Turín en el confronto de los compañeros y de la compañera arrestados y condenados por la acción incendiaria contra las obras de construcción de TAV en Chiomonte, valsusa, en el 2014 (el llamado proceso del «compresor»).

La moralidad de la obediencia

En los mismos días en los cuales venia notificada la investigación «Diana» (con la cual querían secuestrar en la cárcel y quitar de las luchas a bien 12 compañeros y compañeras), los fiscales Raimondi y Ognibene ponían bajo secuestro judiciario una parte de la obra del TAV en Trento Norte (sin que esto detuviera la continuación de los trabajos en general). Un provedimiento interno a una investigación por «desastre ambiental» -por ahora en el confronto del administrador delegado y de otro responsable de RFI- abierta tras la denuncia realizada por algunos No Tav. Aunque si las obras del TAV continúan por todos los lados, el secuestro de algunas áreas contaminada por la ex Sloi y por la ex Carbochimica (en particular a causa del plomo de tetraetilo y de diversos solventes químicos) y la realidad de un posible envenenamiento masivo que se convierte en «hipotésis de delito» han desmentido las continuas garantías de RFI y la clara complicidad de la Provincia y Municipio de Trento. Los mismos magistrados que reconocen formalmente la legitimidad de las alarmas contra el TAV, golpean a cualquiera que extraiga de esas alarmas la lógica consecuencia sobre el plano ético y práctico: obligar con la acción al gobierno y a las empresas a no realizar la obra. ¿Cuál es la moraleja de la historia? A nosotros nos parece esta: si ante un desastre ambiental uno acude al poder judicial, se es un «ciudadano»; si nos organizamos para bloquear o peor aún, sabotear los medios del desastre, se es «terroristas» – aunque si se defienden o solo se difunden las razones de la acción directa. Se llama la moral de la obediencia.

Desde nuestro lado de la barricada, cada día de obediencia, cada día de paz social es un día más de guerra y de represión.

Anarquistas de Trento y Rovereto

Fuente:
//ilrovescio.info/2023/08/04/ennesima-inchiesta-per-270-bis-in-trentino-richieste-e-non-concesse-12-misure-cautelari/